Los trabajadores de RTVE acuerdan denunciar en el juzgado el asalto de Sánchez a la cadena pública

El comité intercentros de RTVE ha decidido este jueves iniciar la vía judicial contra la decisión del Gobierno de modificar los estatutos de la cadena pública para permitir que su candidata Elena Sánchez tenga plenos poderes en la televisión pese a que la ley actual no lo permite. UGT, Sindicato Independiente y USO han votado a favor y han dejado sólo a Comisiones Obreras, más cercana a Podemos y enemigo durante meses del ex presidente, José Manuel Pérez Tornero, y a la CGT, según han informado fuentes sindicales.

Además, los sindicatos han acordado mayoritariamente pedir medidas cautelares para detener el cambio en los estatutos y que Sánchez pueda asumir las competencias del presidente de la Corporación RTVE, algo que la norma hasta ahora prohíbe y limita sus competencias a las del presidente del Consejo de Administración -no podría aprobar contratos a productoras o cambiar directivos-.

De hecho, un informe de la Secretaría General del Congreso de los Diptuados de 2011, cuando se produjo en la cadena pública una situación similar a la actual con la dimisión de Alberto Oliart, dejaba claro que modifica los estatutos de RTVE no era válido para hacer ese cambio de competencias, puesto que éstas vienen dadas por una ley, de 2006.

Por lo tanto, es necesario una ley emanada del Congreso para modificar otra ley. Sin embargo, el Gobierno ha forzado a la SEPI -accionista de RTVE- a pedir una modificación de los estatutos, que fue avalada por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros.

Esta situación tiene al Consejo más dividido aún que antes, con los tres consejeros del PP que no participan en las votaciones a la espera de determinar si el movimiento del Gobierno es legal o no. Para sacar adelante las primeras votaciones, el Ejecutivo ha forzado al consejero del PNV y a Ramón Colom, del PSOE, pero díscolo, a delegar su voto en la presidenta.